La conflictividad por temas económicos aumentó significativamente, alcanzando 35% del total (sobre todo los casos por cuestiones laboral salariales, 18,3%, que suelen ser menores a aquellos suscitados por las medidas económicas y la situación económica, que llegaron a 16,7%). Los conflictos por leyes y medidas legales representaron 16,7%; seguidos por los casos por prestación de servicios públicos, 15%; los temas vinculados a la gestión institucional se redujeron a 11,7%; los casos por recursos naturales y medio ambiente fueron 5% del total.

Mención aparte merecen los conflictos de carácter ideológico político que, a tono con la coyuntura electoral, se incrementaron a 8,3%. Sin embargo, es necesario señalar que el conflicto originado por el fraude electoral fue, sin duda, el de mayor envergadura, habiendo movilizado a 35 actores que protestaron por éste en los nueve departamentos, generando 71 episodios de conflicto; así también movilizó a 12 actores en apoyo al gobierno del MAS en cinco departamentos, que desarrollaron 20 episodios de conflicto.

La radicalidad de los conflictos se modificó claramente en octubre, por el incremento del nivel de enfrentamiento violento (17%), que superó el promedio histórico de 10%.

Las medidas de presión escalaron en radicalidad; además de las pacíficas huelgas de hambre (12) y concentraciones (46), se registraron 23 bloqueos de carreteras, 1 crucifixión, 3 tomas de instalaciones, 12 destrucciones de bienes, 23 enfrentamientos con fuerzas del orden y 30 enfrentamientos entre sectores de la sociedad civil, dejando 213 heridos, 2 fallecidos y 217 detenidos.

En el marco del conflicto electoral se registraron 3 huelgas de hambre y 28 concentraciones, ambas medidas pacíficas, junto a otras más radicales: al menos 16 bloqueos de carreteras e innumerables bloqueos de vías urbanas, 10 destrucciones de bienes, 19 enfrentamientos con fuerzas del orden, 24 enfrentamientos entre sectores de la sociedad civil, que dejaron 2 muertos, 188 heridos y 217 detenidos.