Boletín Doce ha llegado a su quinto número, cubriendo un año continuo de monitoreo y análisis de la conflictividad social por la tierra y los recursos naturales; éste parece ser un momento adecuado para hacer un balance de lo que esta tarea nos revela sobre la conflictividad agraria en el país.
Los casos de conflicto por tierra y recursos naturales no son muy numerosos, representan un promedio de 7% del total de la conflictividad social en Bolivia; sin embargo, revisten una enorme importancia por la problemática que los origina, que es la de la base de recursos naturales con que cuenta el país, su abundancia o escasez, el acceso y propiedad de éstos, y la de los procesos de aprovechamiento de los recursos para la provisión de alimentos, de agua, de combustibles y de otros elementos necesarios para el desarrollo de la vida y las actividades humanas.
La mayor parte de estos conflictos (58%) corresponde a disputas por la tierra, ya sea por el cambio de uso del suelo, por la propiedad de terrenos, por la dotación de tierras fiscales, por el saneamiento y la titulación de tierras, por el avasallamiento de tierras productivas, por el avasallamiento de tierras en áreas protegidas y territorios indígenas, por la expropiación de predios no productivos, o por problemas limítrofes entre municipios. Aunque en menor proporción, también fueron recurrentes los conflictos vinculados con la producción agropecuaria, con la producción minera y con el impacto ambiental del aprovechamiento de recursos naturales.
A lo largo del año que cumplimos se han mantenido como actores principales de estos conflictos los campesinos productores agropecuarios, que concentran un tercio de los casos, así como los pobladores de áreas rurales que protagonizaron otro tercio. Como actor demandado, el gobierno central ha sido el principal, con 37% de los conflictos, lo que resulta comprensible dado que la atención de la problemática de la tierra, que en buena proporción les da origen, se encuentra bajo responsabilidad del Estado, y considerando la pervivencia del centralismo en Bolivia.
Resulta llamativo que pese a que la pugna por la tierra suele dar lugar a actitudes radicales, sólo 20% de los casos llegaron al nivel de enfrentamiento violento, lo que significa que la mayoría de los conflictos transcurrió dentro de niveles moderados.
Finalmente, es necesario destacar la existencia de problemas de toma de tierras que se registraron de manera continua. Estas acciones ocurridas en El Torno, El Puente, San Ramón y Charagua (Santa Cruz), Vinto, Sacaba y Entre Ríos (Cochabamba), Villamontes (Tarija), Betanzos (Potosí) y Viacha (La Paz) hasta el momento no han derivado en la adopción de medidas de presión, pero de no atenderse y resolverse atendiendo a sus causas estructurales, a mediano plazo pueden convertirse en conflictos sociales.